Aunque ningún político en activo lo reconozca, cada vez más españoles creen que el sistema autonómico ha sido un desastre. Se ideó para dar satisfacción a los nacionalistas catalanes y vascos, manteniendo la unidad de España: se pecó de ingenuidad. La experiencia ha demostrado que los nacionalismos son, por definición, insaciables: querer contentarlos con concesiones es un profundo error. Se confió en su lealtad constitucional: ¡vana ilusión! Hay que darles su verdadero nombre: son independentistas, que no cejarán hasta romper la unidad de España. (El empeño del PSOE de que eso se arreglaría con un sistema federal resulta patético: nada odia y teme más un independentista que al federalismo. Por eso, para maquillarlo, ha habido que inventarse una coletilla, «Federalismo asimétrico»: algo así como círculos cuadrados).

Además de no contentar a los independentistas, el sistema autonómico ha conducido a graves disparates, en cinco terrenos que conozco: el lingüístico, el educativo, el cultural, el económico y el nacional.

Como explicó clarísimamente Amado Alonso, por una evolución histórica imparable (no por ninguna imposición dictatorial), el castellano se convirtió en español y pasó a ser idioma nacional. Se irritan algunos nacionalistas cuando se llama lengua española al castellano porque también lo son el catalán, el gallego y el vasco. ¡Por supuesto! Pero resulta que el castellano es la lengua española por antonomasia. Así se reconoce en el mundo entero: en inglés, se habla de «spanish language», no de «castilian language»; en francés, de «langue espagnole», no de «langue de Castille»…

Segunda falacia nacionalista: no todas las lenguas de España tienen el mismo nivel, hay una lengua común, que sirve (o debería servir) para que todos nos entendamos. Un vasco se entiende con un gallego o un catalán hablando en castellano.

El régimen autonómico no ha resuelto los problemas lingüísticos; al revés, los ha agravado. La lengua se ha utilizado como un hecho diferencial, para avalar el sueño de unas naciones independientes. La falta de respeto al castellano (mejor dicho, a la Constitución) es un hecho notorio en Cataluña. Pero no sólo allí. En cada una de las comunidades, se promueve la lengua propia, en detrimento de la común, y se exige su conocimiento para acceder a la Administración.

¿Hacen falta ejemplos? El galleguísimo Gonzalo Torrente Ballester recibió insultos en la ceremonia de su Doctorado «Honoris Causa» de la Universidad de Santiago de Compostela, por no haber escrito en gallego. Tampoco el Centro Dramático Galego quiso representar obras de Valle-Inclán, por haber escrito en castellano. En el Teatro Lliure de Barcelona, he presenciado la representación de una obra de Pablo Neruda, «Fulgor y muerte de Joaquín Murrieta» (escrita en español) en traducción catalana, para un público que podía haberla entendido perfectamente en su lengua original. ¡Qué disparate!

Transferir las competencias en educación ha supuesto una catástrofe, para nuestros jóvenes. En Andalucía se estudiaba a Fernando de Herrera, por ser andaluz, y en Castilla la Vieja, a Fray Luis de León, por ser castellano: ¿por qué no, a los dos, en toda España, por ser dos grandes poetas? En cualquier autonomía, se estudian más los insectos de los riachuelos cercanos que la Ilustración o la Revolución Francesa. ¿Lamentaremos, luego, lo que votan nuestros jóvenes?

En cultura, las autonomías han favorecido nuestra tendencia al paletismo. Todas las comunidades han rivalizado por abrir su museo de arte contemporáneo, tengan o no obras que mostrar; sus auditorios y teatros públicos, aunque no haya presupuesto para programar conciertos o representaciones; sus concursos literarios; sus editoriales regionales… Los almacenes de todas (subrayo: todas) las Consejerías de Cultura están llenos de libros, dedicados a celebridades locales, que muy pocos han comprado. En Extremadura, se quiso crear un premio de novela con la máxima dotación económica española, «por si se presentaba Gabriel García Márquez» (sic) y el jerarca de turno podía hacerse la foto con él (naturalmente, no se presentó). El Museo de Arte Contemporáneo de León se inauguró –¡hazaña singular!– sin una sola obra, sólo con las paredes del novedoso edificio y unos rollos de papel, para que los visitantes aportaran su creatividad, dibujando o escribiendo lo que quisieran. Una cultura sin contenido, sólo con un vistoso continente: ¡qué perfecto símbolo de la modernidad!

En la promoción de la cultura, las autonomías han cedido a las implacables normas de lo políticamente correcto: ayudar a lo «progresista», lo participativo, lo democrático, lo que suponga una reivindicación feminista o una revisión de nuestra memoria histórica, según la malhadada ley que perpetró Rodríguez Zapatero (una de las culpas que irán unidas, para siempre, a su nombre). Conocemos de sobra las aberraciones que produce una política cultural sectaria.

Las autonomías, además, han conducido a una absurda proliferación de organismos y funcionarios. Baste con un solo ejemplo: en la capital de España, los temas culturales dependen de tres instancias distintas, el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento y la Comunidad: ¿cabe imaginar un derroche más ineficaz?

Nos lleva esto, de modo inexorable, al aspecto económico. ¿Quién no advierte el imparable aumento del gasto público que ha supuesto el estado autonómico, ese enorme peso que lastra nuestra economía? ¿Hasta dónde han extendido su influencia, por ejemplo, la Junta de Andalucía o la Generalitat catalana? Un ejemplo tragicómico podría ser el de una localidad andaluza, donde se construyó un velódromo de alta velocidad, para los ciclistas que intentaran batir el récord mundial de la hora, compitiendo con el de Vigorelli, en Milán: hoy lo usan sólo los chiquillos, para aprender a ir en triciclo… Cuando han llegado las vacas flacas, todas las comunidades coinciden en que tienen que apretarse el cinturón… los demás (ellos, no, por supuesto).

Lo menos concreto es lo más importante de todo: la pérdida de la solidaridad, de la conciencia de pertenecer a una nación común, de remar todos en el mismo barco. Es decir, el patriotismo: algo que no inventó Franco ni era patrimonio de la derecha. Por desgracia, el PSOE ha dejado caer su última letra, echándose en manos de los nacionalistas. Si vieran esta lamentable deriva, ¿qué dirían todos los honrados intelectuales de izquierdas que tuvieron ese sentimiento patriótico como motor básico de toda su tarea? Así estamos…

Si viviera Goya, dibujaría nuevos «Disparates»; si estuviera vivo Valle-Inclán, escribiría nuevos esperpentos. A todas estas cosas –y muchas más– nos ha llevado el régimen autonómico. ¿Se atreverá a decirlo algún político en activo? ¿Se podrá remediar, alguna vez? De todos nosotros depende…

Andrés Amorós, catedrático Literatura Española.

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